¿Es necesario el regreso presencial a la escuela en América Latina?

El regreso presencial escolar se ha convertido en una prioridad nacional tanto para los padres como para los distintos gobiernos de América Latina. La situación del COVID-19 ha provocado una serie de crisis incalculables en la salud emocional y mental de padres y niños de regiones vulnerables de la sociedad.

Muchos jóvenes han visto sus sueños acabar, al experimentar la muerte de su madre o padre y en algunos casos de ambos, la tendencia en América Latina muestra que cada vez son más los jóvenes que están dejando las aulas virtuales para enfocarse en trabajar y así apoyar a sus familiares con el sustento de la casa. Según organizaciones como la CEPAL, el balance para la educación en América Latina y el Caribe no es nada alentador, ya que el 87% de los jóvenes registrados en programas virtuales no han recibido clases presenciales en un periodo de 6 meses o más, lo que perjudica directamente sus habilidades cognitivas y de interrelación personal.

A su vez el Programa Mundial de Alimentos (WFP) estima que aproximadamente 85 millones de niños en la región no han tenido acceso a una alimentación apropiada en la casa, ya que no cuentan con la alimentación escolar, lo que incrementa vertiginosamente los riesgos de sufrir desnutrición. Así mismo, se estima que aproximadamente tres millones de alumnos podrían abandonar sus estudios y citan que la primera razón de esto es dedicarse apoyar a su familia directamente. Los programas de alimentación escolar juegan un papel fundamental en la vida de la niñez en América Latina, este impacto puede ser medido como un ingreso indirecto a millones de familias.

El cierre prolongado de los centros educativos, tiene un impacto profundo en el desarrollo de los niños, perdiendo estos su capacidad de relación interpersonal esencial de los seres humanos. La pérdida de ingreso de los padres, sumado a la poca participación virtual ha dado como resultado un declive sustancial en la enseñanza en Latinoamérica. Organizaciones como la Organización Internacional de Trabajo (OIT) estiman un aumento desproporcionar en el trabajo infantil durante el 2020 que involucra hasta 300.000 menos de edad.

El cierre prolongado de los centros educativos tiene profundos impactos en la vida de los más pequeños que van más allá de una pérdida de aprendizaje y del mayor riesgo, en particular de los más vulnerables, de que abandonen la escuela. Por ejemplo, la no asistencia a clases presenciales y el menor tiempo dedicado al aprendizaje, sumado a la pérdida de ingresos en los hogares, configuran condiciones que aumentan las posibilidades de la incorporación prematura de niños, niñas y adolescentes al mercado laboral, particularmente en actividades peligrosas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estiman un aumento del trabajo infantil en la región durante 2020 de hasta 300.000 menores de edad, mostrando un claro retroceso en los esfuerzos por eliminar esta práctica.

La FAO también ha reportado que 60 millones de personas se han visto afectado de manera directa por la inseguridad alimenta actual y refleja un incremento considerable de la pobreza en la región en los próximos años, especialmente en las áreas rurales.